El Capitolio — Familias, profesionales, organizaciones de servicio y jefes de agencia discutieron hoy los principales retos de los adultos con discapacidad intelectual, durante el Foro sobre Discapacidad Intelectual, celebrado hoy en el Senado de Puerto Rico.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se comprometió a que las recomendaciones que surgieron se conviertan en acciones legislativas. “No tendría sentido reunir todo este conocimiento y toda esta experiencia si al terminar el Foro dejamos las recomendaciones sobre una mesa. Aquello que requiera coordinación entre agencias tiene que encaminarse. Lo que requiera revisar procedimientos debe atenderse. Y todo aquello que pueda convertirse en legislación tendrá nuestra atención en el Senado con la responsabilidad y la celeridad que merece”, afirmó Rivera Schatz.
El presidente del Senado agradeció a Elba I. Castellanos, directora ejecutiva del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, por llevar la iniciativa al Senado. También reconoció la trayectoria de la institución, que ofrece servicios a esta población desde 1949. “Durante este Foro hemos hablado de lo que ocurre cuando una persona llega a la adultez y cambian o terminan algunos de los servicios que recibía. Hemos hablado de salud, vivienda, empleo, vida independiente, apoyo a las familias, planificación para el futuro y de la necesidad de que exista continuidad en los servicios”, añadió.
Por su parte, la senadora Wandy Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Asuntos de la Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional, expresó que una de las mayores preocupaciones es qué pasa con los servicios de estos jóvenes cuando llegan a la adultez. “Hay una pregunta que muchas madres y padres llevan silenciosamente en su corazón: ¿Qué va a pasar con mi hijo o mi hija cuando yo ya no esté? Esa pregunta merece respuestas”, sentenció.
“Mi compromiso como senadora y como presidenta de esta Comisión es que este foro no termine cuando salgamos de este salón. Que las recomendaciones que surjan de aquí puedan convertirse, cuando corresponda, en legislación, política pública y acciones administrativas concretas. El gobierno no puede hacerlo solo. Las organizaciones tampoco. Las familias no pueden continuar llevando solas toda la responsabilidad”, sostuvo Soto Tolentino.
El secretario de Salud, Víctor M. Ramos, explicó que Puerto Rico ofrece estos servicios sin acceso a fuentes de dinero con las que sí cuentan los estados. "Cuando preguntamos cómo financian las cosas, usualmente son con fondos de “long term care”, que en Puerto Rico no se tienen, y es como 30 a 40 % del programa de Medicaid en los estados; con fondos de SSI, que no tenemos, y con fondos de un programa de CMS que se llama “Money Follows the Person”, que tampoco tenemos”, señaló. El secretario reconoció a los empleados de hogares y centros de servicio que “se desviven con los participantes” y los acompañan incluso en el hospital "aunque no sean familiares directos suyos”.
Los trabajos se dividieron en seis mesas temáticas: acceso a servicios; apoyo familiar, respiro y redes comunitarias; transición a la vida adulta e independencia; planificación futura y asistencia en la toma de decisiones; salud integral y continuidad del cuidado; y legislación, política pública y rendición de cuentas.
Al foro asistieron los senadores de mayoría, Marissa "Marissita" Jiménez Santoni, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, Rafael "Rafy" Santos Ortiz, Roxanna Soto Aguilú y Ángelo Toledo López; los senadores del PPD, Luis Javier Hernández Ortiz, Marially González Huertas, Ada Álvarez Conde; así como del PIP, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón. También participaron el defensor de las Personas con Impedimentos, Fernando L. Díaz Rivera; la directora de la Oficina para el Fortalecimiento Social, Comunitario y Organizaciones de Bases de Fe del Senado, Ellyam Martínez González; y representantes de SER de Puerto Rico, la Fundación Síndrome Down, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente y Rehabilitación Integral (CODERI), el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico y otras entidades públicas, comunitarias y privadas.



