El Capitolio – Durante la Sesión Ordinaria de hoy, se aprobó el Proyecto del Senado 345 del senador Ramón Ruíz Nieves, para enmendar el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, a los fines de imponer responsabilidades jurídicas a personas que admiten haber cometido actos de corrupción pero que no son procesadas por los mismos, no puedan obtener contratos futuros con el gobierno.

“La presente ley busca imponer responsabilidades a las personas que declaran o admiten que cometen delitos contra el erario pero no son procesados criminalmente, particularmente por haber recibido una concesión de inmunidad. Son encausados, y sin embargo, siguen en el sistema de gobierno buscando contratos. Lo que se busca es una responsabilidad en todos los sectores para que esto no sea un juego con el asunto en fondos públicos. Estamos trabajando con medidas para atajar la corrupción en Puerto Rico”, sostuvo el también senador por el distrito de Ponce, Ruíz Nieves.

La pieza legislativa además propone enmiendas las disposiciones sobre el Registro de Personas Convictas por Corrupción y añadir penalidades por violar las disposiciones de esta ley.

Además, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 263 del portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, para ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a desarrollar e implementar un programa de rehabilitación basado en el adiestramiento y readiestramiento en destrezas de la construcción dirigido a personas convictas extinguiendo sentencias en programas alternos al confinamiento y sujetas al cumplimiento de supervisión electrónica (grillete).

“Esta medida viene de la petición que han hecho diferentes sectores del desarrollo económico del país, luego de que el Congreso haya aprobado una asignación de $70 billones para Puerto Rico. Existen en las distintas agencias que atienden la manera de encaminar estos fondos, básicamente en construcción, de que hay una gran necesidad de mano de obra en el país que lamentablemente no existe y esto afecta el desarrollo económico en el país, y no hay personas adiestradas en esta necesidad. Esta medida propone que aquellos convictos que requieran poca seguridad que sean adiestrados para trabajar en la construcción”, expresó Aponte Dalmau.

Igualmente, se aprobó la Resolución del Senado 588 del senador Aponte Dalmau, para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, a realizar una investigación sobre el contrato de alianza entre la Autoridad de los Puertos y la compañía “Aerostar Airport Holdings, LLC”, firmado el 24 de julio de 2012, a los fines de pero sin limitarse, a auscultar el cumplimiento de los términos contractuales, fiscalizar la operación de “Aerostar” luego de la firma del contrato, examinar detenidamente el beneficio en que ha resultado esta alianza, y todo otro contrato- alianza público privada otorgado a la fecha de aprobación de esta resolución.

El Senador mencionó que “la razón por la que estamos haciendo esta enmienda es para incluir a los demás contratos de alianza, de administración que se han firmado en Puerto Rico porque entendemos que hay que enmendar esa Ley 29. Casualmente en este contrato de Aerostar es el único que cuando se firmó se incluyó una claúsula de hacer auditoría de desempeño, en todos los demás contratos que se han hecho en Puerto Rico no tienen claúsula de auditar o evaluar el desempeño o ejecución de ese ente privado. Es indispensable que podamos evaluar estos contratos y establecerle herramientas al estado para que el privatizador este haciendo las cosas por la cual se contrataron”.   

Por otro lado, fue avalado el Proyecto del Senado 638 de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, a fin de atemperarla a la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, en cuanto a la revisión judicial de las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

Igualmente, se aprobó el Proyecto del Senado 615 de la autoría del senador novoprogresista William Villafañe Ramos, para enmendar la “Ley de Apoyo a Estudiantes de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que será nula cualquier adjudicación de compra o adquisición de servicios de tutorías o capacitación, asistencia técnica o la contratación de servicios profesionales y especializados en la que no se evidencie el trámite de una invitación formal, directa y oportuna a la Universidad de Puerto Rico para participar, comparecer, proponer y licitar sobre la correspondiente compra o adquisición.

De igual forma, fue aprobada la Resolución Conjunta de la Cámara 189 para declarar el año 2022 como “Año de Roberto Clemente Walker”; establecer que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de sus entidades gubernamentales exhortarán a la ciudadanía en general a conmemorar el legado de nuestro astro boricua; y para otros fines relacionados.