El Capitolio — La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, presidida por el senador Héctor “Gaby” González López, realizó en la mañana de hoy una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 173 que propone enmendar la Ley 89-2000 para crear un Registro de Antenas y Torres de Telecomunicaciones y ordenar un estudio científico sobre los posibles efectos a la salud de la radiación electromagnética.

La medida, de la autoría de la senadora Ada Álvarez Conde, crearía un Registro a cargo del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico e incluiría datos clave como la ubicación exacta de las torres, su fecha de construcción, la cantidad de antenas instaladas y el espacio disponible para co-ubicación.

El presidente interino del Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, el ingeniero Ferdinand Ramos Soegaard expresó estar a favor con la medida, ya que según explicó, actualmente existen antenas y torres de las cuales se desconocen pues no tienen jurisdicción.

“El P. del S. 173, busca, en cuanto a lo concerniente al Negociado, establecer por ley un registro que hasta hoy se rige por una Orden Administrativa. A esos efectos, el Proyecto requiere que los dueños de torres o las compañías de telecomunicaciones, según aplique, provean bajo juramento la información de: coordenadas y dirección física de cada torre; fecha de construcción; y cantidad de antenas instaladas en cada torre y espacio disponible para la co-ubicación”, indicó Ramos Soegaard.

Sin embargo, siendo la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), quienes otorgan los permisos, y estos, ya solicitan durante el proceso de permisos la información que pretende requerir el P. del S. 173, el presidente interino del Negociado sugirió que se enmiende la medida para que la agencia que otorga el permiso tenga la obligación de remitir al Negociado dicha información.

En este sentido, a preguntas de la senadora Álvarez Conde, el ingeniero Ramos Soegaard comentó que, aunque su agencia ha recibido documentación y memoriales respecto al daño que hacen estas antenas o torres, es la OGPe quien las certifica y brinda los permisos para su construcción.

“De igual forma, y en aras de mantener un registro actualizado, se debe requerir, que luego de la otorgación del permiso, las compañías tengan la obligación de notificar al NET, cuando haya cambios en los espacios disponibles para antenas en las torres ya registradas”, añadió.

Asimismo, Ramos Soegaard recomendó a la Comisión realizar una enmienda para otorgarle al NET jurisdicción sobre las compañías privadas que son dueñas de antenas; de este modo, podrían tener más control y fiscalización sobre estas.

Por otro lado, el senador José “Josian” Santiago Rivera mostró preocupación por la salud pública a raíz del electromagnetismo que puede generar enfermedades en las comunidades cercanas a estas torres que generan señales y ondas electromagnéticas.

“El motivo que busca esta legislación es responderle a la ciudadanía por la cercanía con las residencias, la seguridad y la salud de nuestra población. Pero cuando los escucho a ustedes, en lugar de aclarar las preocupaciones que podamos tener, lo que hace es generarnos más”, sentenció el senador Santiago Rivera.