El Capitolio – Como parte de los trabajos de la Séptima Sesión Ordinaria, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 583 que asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de $250 millones con cargo al Fondo General del tesoro estatal a los fines de financiar los costos relacionados con brindar un incentivo a ciertos individuos para el año contributivo 2023.

“Descargamos la medida porque es simple y queremos aprobarla lo antes posible para que el secretario de Hacienda pueda hacer los cambios necesarios. Esto asigna $250 millones, y establece la metodología para que la gente radique sus planillas y el secretario de Hacienda haga un cómputo hipotético de cuánto hubiese sido esa contribución si se hubiese aprobado las tasas contributivas incluidas en el proyecto de Reforma que está en el escritorio del gobernador y no ha sido firmado”, expresó el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez.

De igual forma, Zaragoza Gómez detalló que la cantidad que las personas recibirán depende del ingreso tributable de cada uno. En términos generales, si su ingreso tributable es menos de $100 mil recibe un reintegro del 8 por ciento de su responsabilidad contributiva; si es más de esa cantidad, recibe un reintegro de 4 por ciento. “La responsabilidad contributiva es lo que a usted le sacaron durante el año, más lo que usted pagó”, añadió el senador.

A la vez, fue aprobado el segundo informe del informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 1593 que propone enmendar la "Ley de Maquinas de Juegos de Azar" para aportarle a los retirados de la Policía de Puerto Rico un pago de al menos un 50 por ciento de su ingreso. Igualmente, busca regular la cantidad de máquinas de juegos de azar por negocio y sus premios. Además, busca establecer el periodo en que dueños mayoristas podrán pagar la totalidad de licencias de máquinas a las que tengan derecho.

Según establece la medida, mediante la aprobación de esta Ley, “se amplía la política pública relativa al retiro de la Policía, conforme a los recaudos recibidos de las máquinas de juegos de azar en ruta. Los recaudos gubernamentales no se afectan, puesto que el ingreso estaría disponible en el fideicomiso creado para otorgar los beneficios correspondientes”.

De otra parte, fue aprobado el Proyecto del Senado 1262 de la senadora Migdalia González Arroyo, para enmendar la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”. Esto con el propósito de establecer una “orden de protección duradera” en aquellos casos de abuso sexual contra personas menores, cuya vigencia será hasta que la víctima cumpla la edad de18 años.

“Es un mecanismo adicional para promover y ejecutar acciones en favor del mejor bienestar y seguridad de una persona menor hasta que alcance la edad de 18 años. Se constituye como otra alternativa esencial en la protección de los derechos y la seguridad de las personas menores frente al abuso sexual. Proporcionan un medio legal para evitar el contacto entre el presunto abusador y el menor, creando un entorno seguro que promueve la sanación y el bienestar”, cita el informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez que atendió la medida.

En la misma línea, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto del Senado 825 del senador Gregorio Matías Rosario para enmendar la “Ley para la Prevención Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de que los peticionados bajo esta ley, reembolsen al Estado Libre Asociado los costos por los servicios médicos ofrecidos por el seguro de salud a la parte peticionaria como consecuencia de actos de violencia doméstica.

“Muchas veces los disuasivos no son lo suficientemente fuertes o la gente no le hace caso a la hora de cometer un acto de violencia doméstica, pero no podemos pecar con no tratar, con no tratar de que la gente entienda de que tenemos que parar con la violencia doméstica. En esta ocasión, este proyecto pretende que una persona que cometa violencia doméstica y la víctima necesite atención médica, el dinero que incurra el plan del gobierno, esa persona lo tiene que pagar”, expresó Matías en un turno.

También, se le dio paso al Proyecto del Senado 1110 de la autoría del senador Rubén Soto Rivera, para enmendar la “Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en Cualquiera de sus Etapas en Puerto Rico”. Esto para que se incluya el auxilio de la Oficina del Procurador del Paciente en instancias en que un paciente realice un reclamo de un tema relacionado a su salud.

“La Comisión de Salud coincide con los sectores consultados, y entiende meritorio la inclusión de la oficina del procurador del paciente para el auxilio de toda persona, que vive con un diagnóstico positivo a VIH. El ofrecer otra alternativa a esta población vulnerabilizada para realizar sus reclamos sin que se sientan amenazados o pasen por un proceso judicial más complicado, les brinda una plataforma más accesible para ser escuchados”, reza parte del informe sometido por dicha Comisión.

De otra parte, el Alto Cuerpo dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 365; las Resoluciones del Senado 882 y 883 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 428 y 491.