El Capitolio – La Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve retomó el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 495 que busca establecer la “Ley para requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor de dieciocho años edad al momento de consentir a realizarse un aborto en Puerto Rico”.

“Nos corresponde a la Asamblea Legislativa regular, conforme a nuestros valores y conforme a nuestra visión como país, el tema de la práctica del aborto. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con el Proyecto del Senado 495 que busca dar unos pasos en la dirección correcta para proteger la vida, la salud y la integridad de las menores, niñas y adolescentes en el país. Me parece también que hay que destacar que nuestra Constitución, reconoce a través del derecho a la vida, el derecho a la vida; inclusive de los no nacidos. No es una opinión, no es una conjetura es el récord histórico sobre la redacción de nuestra Constitución”, expresó Rodríguez Veve en la tercera audiencia pública sobre la medida.

En esta ocasión la Comisión citó a deponer a la Alianza de Juristas Cristianos, a Puerto Rico por la Familia, a la Dra. Yiddish M. Álvarez psicóloga clínica, al Sr. Edgardo Aubray y su hija Edna Aubray y al pastor René Pereira Morales. 

Durante su ponencia la licenciada Ivette M. Montes Lebrón, presidenta de la Alianza de Juristas Cristianos, expresó que “es un acto de justicia el concederle a un progenitor, al menos, el derecho a ser notificado e informado permitiéndole participar en una decisión tan crucial como lo es la terminación de una vida, de la misma manera en que es notificado y se le permite participar en la decisión al momento de un menor realizarse una intervención quirúrgica”. Montes Lebrón favorece la aprobación de la pieza legislativa e hizo varias recomendaciones entre ellas que “se debe uniformar la edad de consentimiento en toda la legislación pertinente a los menores, alineado a las ciencias neurológicas, no antes de los 18 años”.

Por su parte, el padre y licenciado Carlos Pérez Toro, también favoreció el proyecto y recomendó que “se añada un artículo en esta ley que recoja de manera clara que la oposición de uno de los padres al aborto de una menor de edad deberá ser encausado a través de los tribunales según los parámetros del Art. 607 del Código Civil de 2020”.

Durante su turno de preguntas, el senador del Distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, preguntó sobre qué diferencia hay entre la pena de muerte y el aborto.

A lo que el sacerdote Pérez Toro dijo que “en el caso del aborto es la muerte directa de un inocente; en el caso de la pena de muerte, es una persona encontrada culpable a través de un procedimiento legal en la que por su culpabilidad se le impone esa pena. Por lo tanto, es una diferencia fundamental”.

Mientras, la Dra. Yiddish M. Álvarez psicóloga clínica, quien también favorece la medida expuso el tema de salud mental durante la audiencia pública. “Como profesional de la salud mental y como promotora de la salud integral del ser humano, es de agrado el saber que esta legislatura está reconociendo que el aborto no es beneficioso y que trae consigo unas secuelas importantísimas para la mujer puertorriqueña. Y así lo han establecido grandes investigaciones pertinentes”.

Álvarez, además, destacó que “lo que no existe son datos relacionados a los beneficios del aborto. No hay evidencia alguna sobre ello. Y hay consenso científico que establece que el aborto no “puede invocarse, sobre bases empíricas, razones de salud mental de la embarazada para inducir un aborto””.

En horas de la tarde, el panel de deponentes estuvo compuesto por el Sr. Edgardo Aubray y su hija Edna Aubray quienes brindaron testimonios del por qué están en contra del aborto. Edna tiene 44 años y a los 16 años tuvo una terminación de embarazo y enumeró los daños psicológicos que le ha causado la decisión. Asimismo, depuso el pastor René Pereira Morales de la Asociación de Iglesias Bautistas del Sur quien también favorece la medida. 

La Comisión adelantó que este jueves, 25 de mayo habrá otra vista pública en la que asistirá el Departamento de Justicia para atender las discrepancias entre algunas agencias del Gobierno sobre el estado de derecho actual.