El Capitolio — Durante la Sesión Ordinaria se aprobó el Proyecto del Senado 71, de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot y del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico”.

La medida establece ciertas protecciones a las personas que sufren de sobredosis y solicitan asistencia médica de emergencia; así como otras protecciones para las personas que no sean profesionales de la salud y utilicen naloxona.  

Esta es una medida que durante mucho tiempo hemos insistido para que se apruebe. El trabajo de este servidor me ha puesto en contacto con las personas de la calle con problemas de adicción que ronda las 150 mil personas.  Por cada 100 personas que piden tratamientos solo hay seis camas. No podemos esperar mas. Con este proyecto estamos dejando un legado y una solidaridad anónima. El medicamento propuesto aquí no provoca efectos secundarios”, afirmó Vargas Vidot durante un turno sobre la pieza legislativa.  

Según se establece en la exposición de motivos “el porcentaje de muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos como el fentanilo o el tramadol, aumentaron un 10% entre 2017 a 2018. Un dato que ilustra la enorme crisis de salud, entre 1999-2017, casi 400,00 personas murieron por sobredosis de opiáceos en los Estados Unidos y 770,000 en total de muertes por sobredosis”. Por otro lado, en el caso de Puerto Rico para el año 2015 el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) reportó 72 muertes por intoxicación de opioides, 58 muertes en el 2016, 45 muertes en el 2017 y 13 muertes en el 2018. 

De igual manera, se aprobó la Resolución del Senado 147, que propone un estudio sobre la viabilidad de una propuesta, a través de un modelo cooperativista o de empresas municipales para la administración y operación del transporte marítimo entre Puerto Rico y las Islas Municipio de Vieques y Culebra. 

La crisis del transporte hacia y desde Vieques y Culebra ha alcanzado uno de sus peores momentos, coincidiendo con el inicio de la vigencia de un contrato que dura 23 años sin garantías de que los servicios vayan a mejorar. A su vez, esto ha generado que se renueve el reclamo de las y los residentes de ambas islas municipio para una participación efectiva en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos para el servicio del que dependen en tal alto grado”, cita la resolución de la autoría de la senadora independentista Santiago Negrón; del PNP, Marissa Jiménez Santoni; del PPD Rosamar Trujillo Plumey; del MVC Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl; y del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.  

También, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 88, que ordena a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Negociado de Energía de Puerto Rico y a toda agencia, entidad y corporación pública a posponer, hasta el 15 de enero de 2022, o fecha posterior toda gestión relacionada a la implementación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, y LUMA Energy.  

Por otro lado, fue recibido el informe final de la RS 55, la cual ordenaba a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración realizar una investigación sobre el cumplimiento del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto con la Resolución Conjunta 65-2020, que ordenaba la otorgación de un incentivo económico dirigido a los profesionales de la salud destacados durante la pandemia del COVID-19. 

“El resultado de esta investigación que llevamos a cabo y que hoy recibimos resulta tan importante porque nuestros profesionales continúan a la espera de esta promesa y que tanta justicia les hace. Esto debido a que una vez más el gobierno incumplió. El gobierno falló en algo que parecía tan básico como llevar un registro de cuántos profesionales de la salud cualificaban para el incentivo. Este incentivo es mas que meritorio para nuestros profesionales de la salud”, destacó la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas.  

Además, se recibió el primer informe parcial de la RS2, que ordena a la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración realizar una investigación exhaustiva sobre el resultado de las inspecciones llevadas a cabo en las escuelas públicas luego de los temblores de 2020.  

Otras piezas legislativas aprobadas fueron los Proyectos del Senado 19, 55 y 89; además, la Resolución del Senado 122. El PS19 crea la “Ley para la Imposición de la Pena Especial del Código Penal de Puerto Rico”, que a la luz de las disposiciones que implementaría, el Tribunal podrá eximir al solicitante del pago de la pena, conceder un plan de pagos o simplemente ordenar que satisfaga la pena en su totalidad.  

El PS55 enmendará el Artículo 2-A de la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” para que se exima a las personas bajo la custodia del Estado en una institución carcelaria del requisito de notificación al Secretario de Justicia de reclamaciones de cualquier clase por daños a la persona o a la propiedad.  

El PS89 busca crear la “Ley para poner en marcha el programa Puerto Rico Emprende Conmigo” en la que se estaría autorizando al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la transferencia de quioscos artesanales a los municipios y participantes que cumplan con los requisitos establecido en la Ley. Mientras, que la RS122 ordena realizar una investigación sobre el manejo y funcionamiento de los programas de ayudas por desempleo en Puerto Rico, en el contexto del COVID-19.