El Capitolio – En busca de visibilizar más a la comunidad sorda del país, el Senado de Puerto Rico avaló, durante los trabajos de la quinta Sesión Ordinaria, la Resolución Conjunta del Senado 255 que busca que dicha comunidad conozca sus derechos en los tribunales y foros adjudicativos.

La pieza legislativa es de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y ordena a la Oficina de Administración de los Tribunales, al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía de Puerto Rico y a la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico a desarrollar una campaña educativa, en coordinación con entidades expertas en el tema. La intención de la medida es dar a conocer los derechos de la comunidad sorda en los tribunales y foros adjudicativos.

Según lee la exposición de motivos de la resolución, “aunque el historial legislativo anterior representa un gran avance en la lucha constante por hacer valer los derechos de la comunidad sorda, aún quedan espacios por cubrir. Por ejemplo, es imperativo el llevar a cabo campañas educativas a través de medios informativos conocidos y que sean conformes a las necesidades de esta comunidad”.

Por otro lado, el Alto Cuerpo le dio paso al Proyecto del Senado 353, de la autoría de la senadora del Partido Popular Democrático, Migdalia Gonzales Arroyo y del senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe Ramos, para añadir un capítulo al Código de Incentivos de Puerto Rico. Con esto se pretende que la otorgación de todos los incentivos y exenciones dispuestas en dicho Código, que afecten o correspondan a los municipios, tendrán que avalarse mediante ordenanza municipal.

Mediante la medida se establece que el Municipio, a través de una ordenanza municipal, “será quien establezca si confiere o no, cualquier incentivo o exención aplicable. Cuando un individuo solicite los beneficios de este Código, el Secretario del DDEC notificará al Municipio afectado, concediéndole 30 días calendario para que este notifique su decisión respecto a los incentivos y exenciones solicitadas”.

Durante su turno, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, defendió la medida y expresó que “este proyecto le da precisamente la facultad a los municipios para que pueden evaluar si se puede dar o no esos decretos… los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los alcaldes, hay que buscar la forma de que los alcaldes tengan las herramientas en las manos… no todo los 78 municipios tienen la oportunidad de que se otorguen decretos, este proyecto es justo y necesario para que los alcaldes tengan las herramientas y hacerles justicia”.