El Alto Cuerpo aprobó la Resolución del Senado 260 de la autoría del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano realizar una investigación exhaustiva sobre la población veterana registrada en Puerto Rico, con el fin de identificar sus necesidades y fundamentar la formulación de políticas públicas dirigidas a su bienestar.
“Reconocemos que los veteranos han servido con valentía y sacrificio a la Nación. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de responder a ese compromiso con acciones que aseguren su calidad de vida. Corresponde al Estado velar por su bienestar, facilitar el acceso a servicios esenciales y diseñar políticas públicas informadas. Para cumplir con ese deber, es indispensable contar con información actualizada y confiable sobre cuántos veteranos residen en Puerto Rico, sus características demográficas y la naturaleza de su servicio”, destacó el senador en la exposición de motivos.
De igual manera, la medida para investigación dispone que contar con estadísticas oficiales y detalladas permite identificar con mayor precisión las necesidades particulares de la población de veteranos en áreas como atención médica, vivienda, empleo y servicios de apoyo. “Esta información también sirve como base para evaluar la efectividad de los programas existentes y formular nuevas estrategias que garanticen una atención digna y equitativa para quienes han defendido nuestra libertad”, añade la pieza legislativa.
Además, la resolución establece que la investigación deberá incluir, entre otros aspectos, un desglose por municipio de los veteranos, edad, género y ramas de servicio; la fecha de la última actualización de los registros; la metodología utilizada en la recopilación de datos y la identificación de necesidades prioritarias.
La medida detalla que, en la actualidad, no se dispone públicamente de un desglose detallado y actualizado de la población veterana en Puerto Rico. “Esta limitación no solo dificulta el diseño de iniciativas legislativas y gubernamentales informadas, sino que también representa un obstáculo significativo al momento de solicitar y justificar asignaciones de fondos a nivel federal además de la expansión de programas federales a los veteranos que residen en la isla”, indica la resolución añadiendo que se estarán llevando a cabo vistas públicas para atender el tema.
Esta iniciativa se une a las gestiones realizadas recientemente en la Capital Federal para asegurar mejores servicios y beneficios para los veteranos y veteranas en Puerto Rico. En dichas reuniones, se plantearon las desigualdades que enfrentan en el acceso al plan médico TRICARE, que en la Isla no se ofrece con la misma consistencia ni equidad que en los estados, lo que genera barreras médicas, administrativas y de fondos. También, se discutieron las diferencias de beneficios entre militares en servicio activo, la Guardia Nacional y la Reserva, que provocan un trato desigual a muchos veteranos y sus familias.
El Comité Asesor de Asuntos del Veterano del Senado trabaja activamente en estos temas, fomentando además la colaboración con aliados federales para impulsar proyectos de vivienda, servicios médicos y programas de apoyo. La senadora Ada Álvarez Conde es coautora de la medida.