(El Capitolio, Puerto Rico) – Con el propósito de aclarar dudas sobre los contratos y asegurar el cumplimiento de los estándares de fiscalización, la vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, sostuvieron una reunión de emergencia para discutir la organización del certamen Miss Universe, que se celebrará en noviembre en la isla.
El encuentro surge tras los serios cuestionamientos del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, accionista de la empresa matriz del concurso, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la transferencia y el manejo de los $8.7 millones en fondos públicos otorgados por el Gobierno para asegurar la sede del espectáculo.
Durante la reunión, Jiménez reafirmó su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos. Asimismo, destacó la importancia de fiscalizar cada centavo invertido en el certamen y aclaró que su rol es garantizar que el dinero del pueblo se haya utilizado correctamente, independientemente de las controversias externas que rodean a la organización.
“Mi intención es que el Senado y la CTPR hagamos nuestra parte para garantizar que todo esté en orden y que los fondos se hayan utilizado correctamente. Esta no es la primera ocasión en que este tipo de eventos se celebra en Puerto Rico, por lo que, lo importante aquí no son las disputas entre los dueños de la franquicia, sino que haya transparencia en el proceso para la tranquilidad de la ciudadanía”, expresó Jiménez.
A tales efectos, Robles presentó un desglose de los acuerdos contractuales y las garantías implementadas para proteger la inversión gubernamental. De igual forma, indicó que el contrato se ha manejado con estricta rigurosidad, exigiendo comprobantes como la reserva del local, el montaje, los contratos de hoteles y los datos de viajes antes de autorizar cada desembolso. También aseguró que la documentación está al día y que se actuó con total transparencia, destacando la inclusión de cláusulas específicas para que los proveedores locales cobren antes del desembolso final de la CTPR, protegiendo así a los empresarios.
Para cumplir con estas garantías, ambas partes acordaron una serie de medidas orientadas a fortalecer la fiscalización del certamen. Por un lado, Robles se comprometió a solicitar y entregar a la comisión de la senadora el presupuesto detallado de los gastos del evento, así como la evidencia acreditativa de los pagos realizados con los $4.5 millones desembolsados hasta la fecha. Por otro lado, se gestionará la entrega de las resoluciones corporativas pendientes que validan la estructura actual de la organización, auditorías a los gastos efectuados y copia de las facturas presentadas por JKN Universe LLC.
Además, Jiménez se encargará de establecer un contacto directo para que la organización de Miss Universe envíe la documentación requerida sobre su estructura accionaria, lo que garantizará el manejo confidencial y diligente de la información. Durante el encuentro, también se analizaron las inquietudes derivadas de las alegaciones públicas sobre dicha corporación, un elemento clave para mantener la transparencia del proceso.
Por su parte, Robles indicó que, a pesar de las disputas internas entre los dueños de la franquicia, la CTPR mantiene comunicación directa con el equipo operacional del evento en la isla. Del mismo modo, aclaró que el gobierno realiza negocios exclusivamente con la entidad autorizada. También enfatizó que se han solicitado las resoluciones corporativas necesarias para validar la firma de los representantes y asegurar una postura firme ante cualquier irregularidad; y de ser necesario, se reunirá directamente con el equipo de Miss Universe.
La legisladora de Carolina concluyó la reunión informando que Itsaragrisil contactó a su oficina para solicitar la oportunidad de enviar la evidencia acreditativa de sus alegaciones. Jiménez aseguró estar dispuesta a recibir los documentos relacionados con esta contratación y a fiscalizar de cerca el proceso, ya que, si bien el evento representa una oportunidad de desarrollo económico, su éxito no debe comprometer la transparencia y la rendición de cuentas que exige el pueblo de Puerto Rico.
