El Capitolio — La senadora Roxanna Soto Aguilú anunció hoy la radicación de un paquete de medidas legislativas dirigido a transformar la forma en que Puerto Rico responde a las crisis de salud mental, particularmente cuando la persona se encuentra sola, vulnerable, sin familiares disponibles, sin una red de apoyo inmediata o expuesta a nuevas herramientas tecnológicas que requieren regulación responsable. “La salud mental no se atiende mirando hacia el lado. Se atiende con acción, sensibilidad y responsabilidad pública”, afirmó la Senadora.
La Senadora sostuvo que estas medidas nacen de una realidad que el Gobierno no puede seguir ignorando: muchas personas atraviesan momentos de crisis emocional o psiquiátrica sin contar con alguien que les acompañe, les oriente, active los procesos correspondientes o ayude a proteger sus derechos dentro del sistema.
“Hay personas que llegan a una sala de emergencia, a una institución, a un tribunal o a una intervención de crisis completamente solas. Personas adultas mayores, personas sin hogar, ciudadanos abandonados, personas con condiciones recurrentes de salud mental o simplemente seres humanos que en su momento más difícil no tienen a nadie que levante la mano por ellos. Esa realidad no puede seguir quedando en un vacío legal”, expresó Soto Aguilú.
Como parte de este esfuerzo, la Senadora radicó el Proyecto del Senado 1295, medida que aclara el procedimiento para que, cuando una persona adulta necesite evaluación, detención temporera o ingreso involuntario y no cuente con familiar, tutor legal, encargado o red de apoyo disponible, determinados profesionales, funcionarios o representantes institucionales puedan presentar o gestionar la petición correspondiente. La medida mantiene las salvaguardas clínicas, judiciales y procesales existentes, incluyendo la intervención del tribunal, la certificación clínica, la notificación, la representación legal y el respeto al debido proceso de ley.
“Esto no es abrir la puerta a intervenciones arbitrarias. Todo lo contrario. Es poner orden donde hoy existe incertidumbre. Es decirle al sistema: si una persona está en crisis y está sola, alguien autorizado puede activar el proceso, pero tiene que hacerlo con documentación, con criterios clínicos, bajo supervisión judicial y respetando todos los derechos de esa persona”, explicó.
La Senadora también presentó el Proyecto del Senado 1296, que crea la figura del Representante de Apoyo de Emergencia en Salud Mental. Esta figura tendría una función limitada, temporera y estrictamente de apoyo cuando una persona adulta en crisis no cuente con familiar, tutor, encargado, representante autorizado o red de apoyo disponible. Su rol sería ayudar a notificar, acompañar, documentar información social básica, procurar que se expliquen los derechos de la persona y facilitar la identificación de recursos familiares, comunitarios o institucionales.
Soto Aguilú fue enfática en que esta figura no sustituye la voluntad de la persona, no es un tutor, no es un curador, no es un abogado, no puede disponer de bienes, no puede renunciar derechos ni puede consentir tratamientos no urgentes.
“Lo que estamos creando es una mano de apoyo en medio de la emergencia. No una tutela disfrazada. No una sustitución de derechos. Es una salvaguarda humana para que nadie quede abandonado dentro del sistema precisamente cuando más vulnerable se encuentra”, señaló.
El paquete legislativo también atiende los retos de la tecnología en el campo de la salud mental. Mediante el Proyecto del Senado 1297, la Senadora propone crear la Ley para Regular los Chatbots de Salud Mental e Inteligencia Artificial Terapéutica en Puerto Rico, con el propósito de establecer reglas claras para el uso de sistemas automatizados, asistentes virtuales, aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial que interactúan con usuarios sobre asuntos emocionales, psicológicos, terapéuticos o de crisis.
La medida no prohíbe la innovación tecnológica ni impide el uso de herramientas digitales para orientación general, coordinación de citas, navegación de servicios, información administrativa o apoyo a profesionales licenciados. Sin embargo, establece un principio fundamental: ningún sistema de inteligencia artificial debe hacerse pasar por terapeuta, psicólogo, psiquiatra, consejero profesional, trabajador social clínico o proveedor humano licenciado.
“La inteligencia artificial puede apoyar, pero no puede engañar. Una persona vulnerable no debe creer que está recibiendo atención clínica humana cuando en realidad está interactuando con un algoritmo. En salud mental, la transparencia no es un lujo; es una obligación ética y pública”, afirmó Soto Aguilú.
La medida exige divulgaciones claras al usuario, protocolos de crisis, protección de datos sensibles y prohibiciones contra la publicidad engañosa o el uso indebido de información de salud mental. Además, requiere que estas herramientas incluyan mecanismos adecuados cuando una persona exprese ideas suicidas, autolesión, daño a terceros, violencia, abuso, psicosis, intoxicación o una emergencia médica, incluyendo orientación hacia recursos de emergencia, líneas de crisis y ayuda profesional.
“Una crisis de salud mental no puede ser tratada como una conversación digital más. Si una herramienta tecnológica va a entrar en ese espacio, tiene que hacerlo con responsabilidad, con límites claros y con rutas reales de ayuda”, añadió.
Como cuarto componente del paquete, la Senadora radicó el Proyecto del Senado 1300, dirigido a reconocer las Directrices Anticipadas de Salud Mental en Puerto Rico. Esta medida permitiría que una persona adulta, mientras conserva capacidad para consentir, deje por escrito sus preferencias sobre tratamiento, medicamentos, instituciones, profesionales, hospitalización voluntaria, manejo de crisis, estrategias de desescalamiento, contactos de apoyo y continuidad de cuidado, para que sean consideradas si en el futuro atraviesa una crisis que limite su capacidad para comunicarse o sostener dichas preferencias.
Soto Aguilú explicó que muchas personas con condiciones recurrentes conocen qué medicamentos les han funcionado, cuáles les han causado efectos adversos, qué señales anticipan una crisis, qué intervenciones les ayudan a estabilizarse, qué personas deben ser contactadas y qué apoyos resultan más efectivos. La medida busca que esa información no se pierda en el momento de la emergencia.
“La persona no pierde su voz porque esté en crisis. Esta medida permite que esa voz quede documentada antes, cuando la persona está estable y puede expresar sus preferencias. No sustituye el criterio clínico ni impide una intervención de emergencia, pero ayuda a que el sistema responda con más humanidad, más información y más respeto”, sostuvo.
La Senadora indicó que los cuatro proyectos forman parte de una misma visión legislativa: modernizar la política pública de salud mental sin debilitar derechos, sin crear burocracia innecesaria y sin perder de perspectiva que detrás de cada expediente hay una persona, una familia o, en muchos casos, alguien que no tiene a nadie.
“Este paquete legislativo habla de la salud mental desde una perspectiva completa. Atiende a quien está solo, a quien no tiene red de apoyo, a quien necesita que el sistema actúe sin atropellar sus derechos, a quien quiere planificar su cuidado antes de una crisis y a quien busca ayuda en una plataforma digital sin saber si al otro lado hay un profesional o una máquina”, expresó.
Soto Aguilú afirmó que Puerto Rico tiene que dejar de ver la salud mental únicamente desde la emergencia y comenzar a construir un sistema capaz de prevenir, acompañar, responder y proteger.
“Tenemos que movernos de la improvisación a la responsabilidad. De la indiferencia a la acción. De un sistema que muchas veces espera a que la crisis explote, a uno que tenga herramientas para responder con dignidad. La salud mental no se atiende mirando hacia el lado. Se atiende con política pública seria, con sensibilidad y con valentía”, concluyó la Senadora Soto Aguilú.
