El Capitolio – La senadora Jamie Barlucea Rodríguez presentó el Proyecto del Senado 1455 para exigir que el Departamento de Agricultura revise, en un plazo de 90 días desde la vigencia de la ley, los precios regulados del café antes de su venta al consumidor. La medida transferiría esa responsabilidad del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a Agricultura y reduciría de cinco a dos años el término máximo entre revisiones obligatorias.

 

“Un caficultor tiene que pagar la mano de obra, los fertilizantes y la energía para producir su cosecha. La compensación que recibe debe evaluarse con esos costos sobre la mesa. Proponemos que Agricultura asuma esa responsabilidad y tenga un plazo de 90 días para completar la primera revisión. El agricultor necesita decisiones basadas en lo que cuesta producir café en Puerto Rico”, expresó Barlucea.

 

Actualmente el precio mínimo del café uva maduro permanece en $18 por almud, mientras representantes del sector han reclamado una revisión ante el aumento en sus costos de producción. La medida no establece una nueva cantidad a pagar, sino que dispone un proceso de evaluación económica para determinar los precios aplicables a los distintos componentes de la industria.

 

Agricultura tendría jurisdicción sobre los precios regulados en las etapas de producción, compra, beneficiado, procesamiento y torrefacción, así como en otras etapas anteriores a la venta al detal. DACO conservaría sus facultades para proteger al consumidor, investigar alzas injustificadas, fiscalizar prácticas comerciales y reglamentar los precios al detal conforme a su ley orgánica.

 

El proyecto también requeriría evaluar por separado los costos del café producido en Puerto Rico y los del café importado. Esa disposición busca evitar que los datos de importación oculten o diluyan los costos reales de la producción local al momento de tomar decisiones sobre precios.

 

La evaluación estaría a cargo de un comité con representantes de Agricultura, DACO, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y los sectores de caficultores, beneficiadores y torrefactores. El comité tendría que publicar su estudio, metodología, fuentes y recomendaciones. DACO contaría con 30 días para presentar sus observaciones en protección del consumidor.

 

“Queremos que las decisiones sobre el precio del café se puedan examinar y explicar. Por eso buscamos que los estudios sean públicos y que los costos del café puertorriqueño se analicen por separado de los del importado. Agricultura deberá atender la realidad de quienes producen y procesan el café, y DACO conservará su responsabilidad de proteger a quienes lo compran”, sostuvo la senadora.