El Capitolio – Con el propósito de promover intervenciones más sensibles, inclusivas y adecuadas durante situaciones de emergencia y encuentros con funcionarios del orden público, la senadora del Distrito de Arecibo, Brenda Pérez Soto, presentó el Proyecto del Senado 1623, una medida que propone ampliar las protecciones y los mecanismos de identificación para personas con autismo y otras condiciones que puedan dificultar su comunicación, comprensión de instrucciones o procesamiento de información.
La medida, presentada el 5 de noviembre de 2026, propone enmendar varias disposiciones de la legislación vigente para extender los adiestramientos especializados que reciben los miembros de la Policía de Puerto Rico y el personal de los negociados del Departamento de Seguridad Pública. La propuesta busca que estos funcionarios cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para reconocer las necesidades particulares de esta población y adaptar sus intervenciones de manera apropiada.
El proyecto reconoce que algunas personas, debido a condiciones médicas, neurológicas, cognitivas, del desarrollo o de otra naturaleza, pueden necesitar tiempo adicional para comprender una pregunta, procesar una instrucción o formular una respuesta. En determinadas circunstancias, esta situación podría interpretarse incorrectamente como falta de cooperación, resistencia o incumplimiento de instrucciones durante una intervención oficial.
Como parte de la propuesta, se ampliaría el mecanismo de identificación voluntaria establecido mediante la Ley 32-2023, que actualmente contempla un brazalete u otro mecanismo para identificar a personas diagnosticadas con autismo. Con los cambios propuestos, este recurso también estaría disponible para personas con otras condiciones que afecten su capacidad de comunicación, comprensión o procesamiento de información.
“Para mí es fundamental que nuestros niños y jóvenes con diagnóstico de autismo y otras condiciones reciban un trato sensible, respetuoso y adecuado, tomando en consideración sus circunstancias particulares y su realidad de vida.
Es importante que los miembros de la Policía y demás componentes de seguridad pública reciban la preparación y los adiestramientos necesarios para atender adecuadamente situaciones de búsqueda o intervención que involucren a esta población. Debemos comprender que, en determinadas circunstancias, nuestros niños y jóvenes podrían no entender lo que está ocurriendo a su alrededor ni cómo responder ante una intervención.
Por eso, solicitamos enmendar los artículos correspondientes de la ley, con el propósito de garantizar que nuestros policías y demás personal de seguridad pública estén debidamente capacitados para actuar con conocimiento, sensibilidad y responsabilidad. Lo que buscamos es prevenir situaciones, evitar confusiones y, sobre todo, impedir que ocurran incidentes que más adelante tengamos que lamentar”.
El proyecto dispone que el Departamento de Seguridad Pública, en coordinación con el Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico, desarrolle o actualice la reglamentación correspondiente para establecer el proceso de solicitud, los requisitos para acreditar la condición y los procedimientos necesarios para implementar este mecanismo. La propuesta establece que el brazalete u otro recurso de identificación será libre de costo para la ciudadanía y de uso voluntario.
Asimismo, la medida incorpora expresamente a la Policía de Puerto Rico en el desarrollo y reglamentación de este mecanismo, en reconocimiento a la nueva estructura administrativa establecida tras la separación de la Policía del Departamento de Seguridad Pública.
Otro aspecto importante del proyecto es que mantiene como requisito compulsorio un seminario anual de Lenguaje de Señas dentro de los programas de educación continua, tanto para los miembros de los negociados del Departamento de Seguridad Pública como para los integrantes de la Policía de Puerto Rico. Esto con el fin de fortalecer la atención a personas sordas, con pérdida auditiva o impedimentos del habla.
La propuesta legislativa procura que las intervenciones de los funcionarios de seguridad pública se desarrollen con mayor conocimiento, sensibilidad y comprensión de las distintas condiciones que pueden afectar la comunicación de una persona, contribuyendo así a evitar interpretaciones equivocadas y situaciones que puedan complicarse por falta de información.
El Proyecto del Senado 1623 propone que las disposiciones entren en vigor inmediatamente después de su aprobación, sujeto al trámite legislativo correspondiente.
