La Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, celebró una vista pública sobre la Resolución del Senado 217, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y la senadora Wandy Soto Tolentino; y con la coautoría de los senadores Barlucea Rodríguez y Gregorio Matías Rosario. Esta medida ordena investigar la política pública existente y necesaria sobre el cuido continuo y las instituciones de cuido de larga duración en la Isla, incluyendo hogares de envejecientes, residencias asistidas y centros de cuido diurno.

Durante la vista, el Departamento de la Familia (ADFAN) reconoció la urgencia de modernizar la Ley 94-1977 y admitió que aún existen vacíos de información sobre la capacidad y condiciones de los hogares de cuido a nivel insular. Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) destacó la necesidad de desarrollar protocolos claros para atender condiciones de salud mental como la demencia y la depresión en estas instituciones.

La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) informó que las quejas más comunes presentadas por familiares de residentes giran en torno al maltrato, la negación de visitas y la falta de transparencia en los procesos. En tanto, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) señaló que uno de los múltiples retos es que la falta de una política pública integrada ha dificultado la planificación estratégica y la implementación de modelos sostenibles de atención.

El Colegio de Abogados(as) de Puerto Rico (CAAPR) subrayó la necesidad urgente de atemperar la Ley 94 de 1977 a la Ley 121-2019 y al Plan Decenal de Envejecimiento Saludable. Por su parte, AARP Puerto Rico planteó que el modelo actual de cuidado prolongado está fragmentado y requiere un rediseño total, no más “parchos” a la Ley 94-1977. Resaltaron que más del 80 por ciento de los adultos mayores desean permanecer en sus hogares con apoyos comunitarios, y exhortaron a que se utilicen de forma más efectiva los fondos federales disponibles para servicios en la comunidad.

Asimismo, la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD) recalcó que el proceso de licenciamiento actual es costoso, burocrático y redundante. Solicitaron que el cuido prolongado sea reconocido como un servicio esencial, con acceso prioritario a recursos en emergencias, y exigieron que se establezca un sistema de inspecciones más coordinado y digitalizado que permita a los hogares cumplir con las regulaciones sin retrasos innecesarios.

De igual forma, la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) resaltó su rol en la fiscalización y la defensa de los derechos de los residentes en hogares de cuido prolongado. Señalaron que en las inspecciones realizadas junto a otras agencias se han detectado problemas graves como medicamentos expirados, deficiencias en el manejo de tratamientos y violaciones a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Recalcaron la urgencia de que se le asignen mayores recursos a la OPP para intensificar sus visitas e intervenciones, y exigieron que el nuevo marco legal establezca métricas claras de fiscalización para garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores.

Ante este panorama, Barlucea Rodríguez, expresó que “Puerto Rico enfrenta una transformación demográfica sin precedentes. Mientras en otros estados esta realidad se ha convertido en una oportunidad de desarrollo social y económico, en nuestra Isla aún persisten vacíos en los servicios, en la política pública y en el marco legal que rige el cuido prolongado. Hoy, el 30 por ciento de la población son adultos mayores y para 2030 esa cifra alcanzará el 40 por ciento. La Ley 94 de 1977 fue pionera en su momento, pero hoy resulta insuficiente. Es urgente rediseñar el sistema de cuido a largo plazo para garantizar dignidad, seguridad y calidad de vida a nuestra población envejeciente”.

Todos los deponentes coincidieron en que la Ley 94-1977 ya no responde a las realidades de la isla y que es necesario establecer una nueva política pública más integrada, atemperada a las necesidades de nuestros adultos mayores y que incorpore también la prevención como parte esencial del sistema.

La Comisión de Vivienda y Bienestar Social continuará con el calendario de vistas públicas y ejecutivas para recopilar información y presentar un informe legislativo con hallazgos y recomendaciones, conforme lo establece la Resolución.