(El Capitolio, PR) – Ante los cambios que el gobierno federal propone para la operación del programa Head Start, el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, encabezó hoy una mesa redonda dirigida a analizar el posible impacto de la nueva reglamentación en Puerto Rico y comenzar a identificar las acciones que serían necesarias a nivel local para garantizar la continuidad de los servicios a niños y familias.
La discusión tiene relevancia debido a que hoy martes, 6 de octubre de 2026, vence el periodo establecido para presentar comentarios sobre la propuesta federal Reducing Federal Burden for Head Start Programs, que contempla cambios sustanciales a las normas que actualmente rigen el programa. Entre estos se encuentra la eliminación de alrededor de 1,400 disposiciones regulatorias relacionadas con proporciones de adultos por niños, tamaño de los grupos, currículo, personal y transportación, entre otras áreas.
Durante la apertura de los trabajos, la senadora Wandy Soto Tolentino, quien participó en representación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó el alcance que tiene Head Start más allá del componente educativo y la necesidad de examinar cuidadosamente cualquier modificación federal que pueda repercutir sobre sus servicios. “Cuando hablamos de Head Start, hablamos de mucho más que un programa de educación. Hablamos de niños, hablamos de padres, de madres, hablamos de un presente y hablamos también de un futuro, porque tenemos que salvaguardar todo lo que tenga que ver directamente con la familia. Precisamente por esa importancia, cualquier cambio dentro del programa a nivel federal tiene que examinarse con responsabilidad”, expresó Soto Tolentino.
Por su parte, Ríos Santiago destacó que el encuentro busca anticipar las posibles consecuencias de la propuesta y preparar a Puerto Rico ante las responsabilidades que podría tener que asumir. “Una de las cosas que queremos atender aquí, y lo que nos trae a esta mesa, es la propuesta que desaparecería las normas de desempeño actuales y eliminaría unas 1,400 regulaciones sobre grupos, currículo, personal y transporte. De ser exitosa esta propuesta, se seguirían las normas estatales de licenciamiento; o sea, nos va a tocar a nosotros”, expresó.
El también presidente de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus sostuvo que el análisis debe comenzar desde ahora, aún cuando se trata de una propuesta federal que todavía está sujeta a cambios. “Esto no es algo que será mañana. Es una modificación que, si se aprueba, va a sufrir algunas enmiendas, algunas regulaciones, pero le va a tocar entonces al territorio, a Puerto Rico, y a los demás estados crear licenciamiento”, indicó.
Entre los asuntos bajo evaluación se encuentra la propuesta de reducir de 15 a 5 por ciento el límite permitido para gastos administrativos, así como modificaciones relacionadas con los requisitos de currículo, transportación, personal, tamaño de los grupos y licenciamiento. También se discuten cambios relacionados con el uso del inglés en la enseñanza, las verificaciones de antecedentes del personal, los adiestramientos sobre maltrato de menores y determinadas funciones de supervisión.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), licenciada Gabriella Boffelli, aseguró que las gestiones del Gobierno de Puerto Rico en Washington D.C. continuarán una vez concluya el periodo para presentar comentarios. Informó que al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tuvieron la oportunidad de plantearle el posible impacto que los cambios a Head Start podrían tener en Puerto Rico. También hizo referencia a reuniones celebradas en Washington D.C. durante la pasada semana para abordar el asunto.
“Esto no termina hoy. Hoy es el día que sometemos los comentarios, pero las conversaciones continúan. Tenemos que pensar que, aunque se someten los comentarios, posiblemente se emita una regla antes de final del año. También hay otros procesos, incluyendo los procesos legislativos a nivel congresional”, expresó Boffelli.
Asimismo, se expresó la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), licenciada Amy D. Vega Ojeda. Ante los presentes adelantó que la agencia defenderá la permanencia de aquellas disposiciones dirigidas a garantizar la salud y seguridad de los menores. En particular, rechazó la eliminación de requisitos relacionados con las verificaciones de antecedentes (background checks) y los adiestramientos sobre maltrato de menores, y defendió la importancia de mantener funciones de monitoría y supervisión dentro de los programas.
“Nosotros siempre lo que buscamos es la calidad, que se mantenga la salud y seguridad de nuestro programa. Eliminar el requisito de adiestramiento sobre la ley de maltrato, para nosotros, es inconcebible. Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir”, sostuvo Vega Ojeda, quien informó que ACUDEN estará sometiendo sus comentarios al gobierno federal para defender formalmente estas posturas como parte del proceso de evaluación de la propuesta.
Vega Ojeda también abordó los cambios relacionados con la enseñanza del inglés y sostuvo que ACUDEN favorece que los niños comiencen a aprender el idioma desde sus primeras etapas formativas, pero mediante un proceso de transición que también fortalezca el español como lengua materna. Como ejemplo, mencionó el programa Little Voices Speak Dreams, implementado a través del programa Child Care, que, según indicó, ha impactado a más de 250 centros mediante el adiestramiento de su personal y podría servir como modelo para atender este componente.
Igualmente, asistió el presidente de la Asociación de Directores de Head Start de Puerto Rico, Dr. Javier Negrón Olivieri, quien identificó como principales preocupaciones la reducción de 15 a 5 por ciento en los gastos administrativos, el requisito relacionado con la enseñanza en inglés y la necesidad de que el gobierno federal aclare cómo aplicará a Puerto Rico la definición de “State”. Aunque favoreció fortalecer el aprendizaje del inglés, reclamó un periodo de transición que permita mantener la educación en ambos idiomas y atienda el impacto que podría tener sobre unos 12,000 empleados.
“No estamos apoyando la reducción del 15 al 5 por ciento porque debilita áreas clave de los programas Head Start, como recursos humanos, administración fiscal, tecnología y cumplimiento. Tampoco nos estamos oponiendo al idioma inglés; nuestros niños aprenden en dual language y nuestros maestros apoyan ese proceso. Lo que estamos pidiendo es que se nos permita tener un proceso de transición y de implementación, y que se aclare dónde está Puerto Rico en todo esto”, expresó Negrón Olivieri.
No obstante, Negrón Olivieri señaló que las organizaciones de Head Start también identifican aspectos favorables en la propuesta federal. Entre estos mencionó una mayor flexibilidad en algunos términos de cumplimiento relacionados con evaluaciones y seguimientos de salud, aunque aseguró que los programas mantendrán sus controles de calidad en áreas como visión, audición y estado físico de los menores.
En la misma línea, se expresó la presidenta de la Asociación de Empleados de Head Start de Puerto Rico, Gisela Díaz, quien expresó preocupación por el efecto que podría tener sobre los trabajadores la propuesta de reducir de 15 a 5 por ciento el límite de gastos administrativos. Díaz destacó además la necesidad de mantener capacitado al personal ante los posibles cambios, particularmente mediante adiestramientos en inglés, y exhortó a los directores de los programas a mantener una comunicación directa con sus empleados sobre el desarrollo del proceso federal y sus posibles repercusiones.
En la mesa redonda participaron además, entre otros, el alcalde de Guaynabo, Edward A. O’Neill Rosa. De la misma forma, participó el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Miguel Di Mauro Vázquez. Asimismo, directores de programas Head Start de distintos municipios, junto a representantes de organizaciones que ofrecen servicios a la niñez. Entre estos, se reconoció la presencia de representantes de los programas de Guaynabo, San Germán, Manatí, Barceloneta, Yabucoa y Utuado. También, la organización de padres y empleados de Head Start. Igualmente, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Centros Sor Isolina Ferré y Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.
