(El Capitolio, PR) —La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró una nueva vista pública sobre la Resolución del Senado 461 de la autoría del senador Wilmer Reyes Berríos, con la participación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) como parte de la investigación sobre el arbitrio al petróleo conocido como la “crudita”.
“El propósito es conocer qué ha pasado con la ‘crudita’ y obtener recomendaciones que faciliten la elaboración de un informe completo que responda al mandato legislativo. La información recopilada hoy será instrumental para fortalecer la política pública y garantizar que las acciones del gobierno beneficien efectivamente al pueblo de Puerto Rico… De alguna manera el ciudadano se ve afectado por este arbitrio”, expresó Padilla.
Comparecieron a deponer el doctor Orville Disdier, director ejecutivo y Ronald Hernández director de proyectos estadísticos del IE, quien expresó su apoyo a la RS461, sujeto a que la investigación sobre la “crudita” incorpore métodos estadísticos rigurosos, datos comparables y mecanismos de validación y transparencia. Señaló que el análisis debe distinguir el efecto del arbitrio de otros factores que influyen en el precio del combustible, como el costo internacional del petróleo, la refinación, el transporte y los márgenes de distribución.
Entre sus recomendaciones, el director ejecutivo propuso integrar datos históricos de recaudos, importación y venta de combustibles; desglosar los componentes del precio final; y examinar la relación entre los ingresos del arbitrio, el financiamiento de infraestructura y las obligaciones fiscales. También, sugirió establecer un tablero público de indicadores con actualizaciones periódicas y acuerdos entre agencias que garanticen la calidad y confidencialidad de la información. La entidad sostuvo que estas herramientas permitirían fundamentar las decisiones en evidencia confiable y dar seguimiento a los efectos de cualquier cambio futuro en el arbitrio.
Por su parte, Hernández explicó que la tabla de ingresos presentada en la ponencia utiliza datos del Departamento de Hacienda y distingue cuatro categorías de arbitrios sobre productos derivados del petróleo. Precisó que la categoría de “Petróleo crudo y derivados”, que agrupa los componentes conocidos como la “crudita”, registró recaudos de aproximadamente $371 millones durante el año fiscal 2026, finalizado en junio.
En respuesta al senador Reyes, quien afirmó que el propósito es buscar un alivio al consumidor, el director ejecutivo presentó una gráfica que compara el precio de la gasolina con la mediana de ingreso por hogar en distintas áreas urbanas de Estados Unidos y Puerto Rico. Para Puerto Rico, el análisis muestra un precio observado de $4.07 por galón y un escenario hipotético de $3.70 sin la “crudita”, calculado al restar aproximadamente 36.9 centavos por galón. Esta diferencia representa una reducción teórica bajo el supuesto de que el importe completo del arbitrio se descuente del precio al consumidor, por lo que no constituye una garantía del ahorro que se produciría en la práctica.
A preguntas Padilla sobre qué información adicional podría contribuir a la investigación de la “crudita”, el director ejecutivo destacó que el precio del combustible debe analizarse junto con las condiciones socioeconómicas de la población. Disdier explicó que un mismo costo puede afectar de manera distinta a los consumidores según sus ingresos, por lo que recomendó integrar indicadores de costo de vida, consumo energético y actividad económica. Añadió que el Instituto dispone de esa información y reiteró la importancia de reunirla en un tablero que permita evaluar de forma más completa el impacto sobre los hogares.
De otra parte participaron de la vista, Enrique Rosa Torres y la licenciada Ciara Bittman en representación de la ACT. El deponente explicó que la ACT dejó de recibir los recaudos del arbitrio al petróleo desde noviembre de 2015 y que, tras la reestructuración fiscal, estos ingresos pasaron al Fondo General. Asimismo, indicó que la deuda reestructurada de la ACT fue saldada tras la alianza público-privada formalizada en diciembre de 2023. Por ello, sostuvo que una eventual reducción o eliminación de la “crudita” no disminuiría automáticamente el presupuesto de la Autoridad, pues el impacto recaería directamente sobre el Fondo General.
Además, Torres informó que actualmente recibe transferencias del Departamento de Hacienda que promedian aproximadamente $142 millones anuales para operaciones y $56 millones para construcción, como sustituto de los ingresos dedicados que dejó de percibir. Advirtió que estas transferencias dependen del Plan Fiscal certificado y están sujetas a revisiones periódicas, lo que dificulta la planificación de proyectos de infraestructura cuyos procesos de diseño, subasta y construcción abarcan varios años fiscales.
Padilla preguntó sobre el destino de los fondos de peajes, si en su momento era para el pago de la nómina en la ACT. El deponente explicó que los fondos se depositaban directamente al banco para el pago de la deuda, “y teníamos un bolsillo en el cual podíamos utilizar para los fondos operacionales. Pero prácticamente la mayoría era para el servicio de la deuda”, recordó Torres.
