(El Capitolio, PR)- Como parte de los trabajos de la sesión ordinaria, el Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1096, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que establece la nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, con el propósito de modernizar la organización, administración y funcionamiento de la Rama Judicial.

La pieza legislativa deroga la vigente Ley de la Judicatura de 2003 y crea un nuevo marco jurídico para atender los retos contemporáneos del sistema judicial puertorriqueño. Entre sus principales disposiciones, reorganiza la estructura administrativa del Poder Judicial, elimina de manera prospectiva la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia, reafirma el modelo constitucional de administración compartida entre el Tribunal Supremo y el Juez Presidente.

Asimismo, la legislación fortalece la autonomía administrativa del Poder Judicial mediante la creación y reorganización de diversas oficinas especializadas, amplía las funciones de la Academia Judicial, promueve métodos alternos para la solución de conflictos, fortalece los programas de orientación ciudadana y acceso a la justicia, actualiza el funcionamiento del Negociado de Traducciones para agilizar la publicación en inglés de decisiones, reglamentos y resoluciones del Tribunal Supremo, y moderniza diversas disposiciones de la Ley Notarial.

De otra parte, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1352, que reduce de $15 a $10 la multa administrativa por cada infracción al sistema AutoExpreso por falta de balance, cuando el peaje correspondiente no sea pagado dentro del término establecido. La pieza legislativa también establece que, una vez transcurra el término dispuesto sin que se haya realizado el pago del peaje o la recarga correspondiente, se enviará una notificación electrónica, o por correo postal, o por otros medios digitales autorizados al titular de la cuenta sobre el balance adeudado y la imposición de la multa. 

El proyecto mantiene la obligación de pagar el costo del peaje, pero reduce la penalidad administrativa aplicable por cada infracción.  Además, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación deberán adoptar o enmendar la reglamentación necesaria para cumplir con las disposiciones de la ley en un término no mayor de 120 días desde su aprobación. La medida comenzará a regir inmediatamente después de ser aprobada.

Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 1319, del senador Héctor “Gaby” González López, que modifica la composición de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras. La medida establece una Junta compuesta por siete miembros ex officio, incluyendo los titulares de los departamentos de Corrección y Rehabilitación, Familia, Salud y Justicia; la Procuradora de las Mujeres; la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; y la Oficina de Administración de los Tribunales.

El proyecto también elimina el pago de dietas, fortalece los mecanismos de evaluación, monitoría y rendición de cuentas de los programas de reeducación y readiestramiento y permite mecanismos de consulta técnica para preservar el conocimiento especializado necesario en la evaluación y supervisión de estos servicios.

Por otro lado, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 1418 (A-142), medida de administración, presentada por del presidente del Alto Cuerpo, Thomas Rivera Schatz, y la delegación de mayoría, que incorpora los sectores Chícharo, Shangai, Villa Palmeras, Mira Palmeras y Seboruco al ámbito de acción del Grupo Interagencial Especial creado para atender al Sector Playita de Santurce.

La legislación actualiza además la composición del organismo, incorpora a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y amplía la representación comunitaria. También establece mecanismos de coordinación entre agencias, acuerdos colaborativos y la presentación de informes a la Asamblea Legislativa sobre las necesidades prioritarias, proyectos de infraestructura, servicios esenciales, recursos y gestiones realizadas en estas comunidades.

Senado atiende querella contra senador Eliezer Molina Pérez 

Durante la sesión ordinaria, el Senado atendió el informe de la Comisión de Ética relacionado con la Querella 2026-03, presentada contra el senador independiente Eliezer Molina Pérez, en la que la Comisión concluyó que infringió el Código de Ética por el uso de material audiovisual producido con recursos institucionales en plataformas digitales de las que recibe ingresos. Sin embargo, el informe fue derrotado ante el pleno. 

En un turno, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, indicó que no favorecería la recomendación inicial de una multa de $3 mil a Molina Pérez. “Todos los senadores y senadoras tenemos la obligación de informarle a nuestros constituyentes lo que hacemos. Eso es una obligación reglamentaria y se puede hacer desde una tarima, a través de un ‘live’ en las redes sociales, en un canal de televisión, por correo o mediante cualquier otro mecanismo de divulgación. Así que no creo que se sostenga que, por publicar una imagen de su trabajo legislativo, automáticamente se configure una violación ética. Donde yo creo que el compañero Molina Pérez cometió un error es en no notificar que iba a tener ingresos extralegislativos por razón de algo que estaba haciendo”, sostuvo Rivera Schatz.

Por su parte, Molina Pérez mencionó que “desde el primer día informamos en Ética que mi trabajo extralegislativo era como creador de contenido. Entregué mis planillas, mis cuentas bancarias y toda la información que se me solicitó. En cuanto a los videos del Senado, fui claro ante la Comisión: esos videos no monetizan. Los ‘live’ que generan ingresos los realizo desde mi casa o desde el carro. Por eso sostengo que la imputación de que utilicé esos videos para generar ingresos es falsa y podía verificarse directamente en la plataforma”, expresó Molina Pérez.

Otras medidas de la Cámara aprobadas por el Senado

Asimismo, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 938 que crea la “Ley General de Proclamas de Puerto Rico” para establecer un procedimiento uniforme para la emisión, publicación, conservación y expedición de proclamas gubernamentales en formato físico y digital.

La medida crea un Registro Único de Proclamas, adopta el formato digital como mecanismo ordinario para emisiones posteriores y faculta al Departamento de Estado a establecer las normas necesarias para implementar el nuevo sistema. Además, enmienda numerosas leyes relacionadas con días, semanas y meses conmemorativos para armonizarlas con el nuevo procedimiento.

También se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 297 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas realizar un estudio para identificar posibles remedios y mejoras de infraestructura en un tramo de la carretera PR-1 que discurre desde el área limítrofe de la Comunidad Las Ochenta, en Salinas, hasta la división territorial con Santa Isabel. El estudio deberá evaluar los efectos de las marejadas y otros fenómenos meteorológicos, posibles mejoras a la infraestructura existente, la eventual reubicación de la carretera hacia el norte y la viabilidad de crear un nuevo acceso vial. 

Finalmente, el Alto Cuerpo aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 313 que designa la carretera estatal PR-5538, en Santa Isabel, con el nombre de “Don Víctor Zayas Pedrogo”, en reconocimiento a su trayectoria deportiva, legado histórico y aportaciones a ese municipio y a Puerto Rico. La resolución reconoce a Zayas Pedrogo como educador, dirigente deportivo y líder comunitario vinculado al desarrollo de la juventud y al béisbol en la región sur, y dispone la instalación de la rotulación correspondiente para identificar la vía con su nuevo nombre.