(El Capitolio, PR) – En sesión ordinaria, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 1245, presentado por el senador de mayoría Ángel Toledo López, que establece la mayoría de edad civil y administrativa a los 18 años y armoniza el Código Civil y diversas leyes especiales con ese nuevo umbral, al tiempo que incorpora salvaguardas para preservar los derechos, beneficios y servicios que la legislación vigente reconoce hasta los 21 años o una edad mayor.
La medida reconoce plena capacidad desde los 18 años para realizar actos civiles, contraer matrimonio, consentir a tratamientos médicos, ejercer el comercio y otorgar testamento ológrafo. También ajusta disposiciones relacionadas con la adopción, la emancipación, la tutela y otras materias jurídicas afectadas por el cambio.
“Presentamos el proyecto luego de un análisis muy ponderado y como una oportunidad para hacerles justicia a muchos jóvenes que buscan espacios para trabajar, permanecer en Puerto Rico y contribuir al desarrollo económico de nuestra isla. No es la primera vez que Puerto Rico contempla establecer la mayoría de edad a los 18 años, pues la Ley 289-2000 ya lo había dispuesto. Esa determinación fue derogada mediante la Ley 59-2001, no porque se rechazara la mayoría de edad a los 18 años, sino porque el cambio no contempló adecuadamente sus efectos civiles ni las enmiendas necesarias al Código Civil. Esta medida atiende de manera integral esas implicaciones y armoniza nuestro ordenamiento jurídico con la nueva mayoría de edad”, expresó Toledo.
El proyecto dispone que cumplir 18 años no será motivo suficiente para cancelar pensiones alimentarias, cubiertas médicas, tratamientos de salud, educación especial, cuidado sustituto, vivienda, asistencia social o programas de transición. Asimismo, mantiene la jurisdicción de la Administración para el Sustento de Menores y protege la continuidad de los alimentos hasta los 21 años y, en determinadas circunstancias académicas, hasta los 25.
El Alto Cuerpo también dio paso al Proyecto del Senado 1092, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que permite conservar la exención de la contribución sobre la propiedad cuando una organización sin fines pecuniarios arriende parte de sus instalaciones a otra entidad de la misma naturaleza. La iniciativa procura facilitar la colaboración y el uso compartido de espacios entre organizaciones dedicadas a ofrecer servicios sociales, educativos, religiosos, recreativos y comunitarios.
Para recibir el beneficio, ambas entidades deberán estar reconocidas como organizaciones exentas, permanecer activas y utilizar la propiedad para fines compatibles con su misión. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) podrá inspeccionar las instalaciones, requerir documentos y revocar la exención en caso de incumplimiento, además de presentar informes anuales sobre su efecto fiscal y los beneficios sociales generados.
Asimismo, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 192, también de la autoría de Rivera Schatz, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles examinar las alternativas legales disponibles para garantizar la continuidad de los servicios que ofrece el Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., en la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, en Vega Baja.
El Comité deberá considerar la concesión de un usufructo, la extensión del arrendamiento vigente, un contrato a largo plazo u otro negocio jurídico autorizado. De resultar favorable la evaluación, el acuerdo deberá garantizar que las instalaciones continúen dedicadas principalmente a fines comunitarios, educativos, sociales, benéficos o de servicio público.
Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 1122, de la senadora Wandy Soto Tolentino, para crear la Ley para la Promoción de Mentoría Empresarial entre Mujeres en Puerto Rico. La iniciativa, coordinada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), conectará a empresarias experimentadas con mujeres interesadas en iniciar o expandir negocios y deberá ofrecer, como mínimo, una iniciativa de mentoría al año.
La exposición de motivos de la medida indica que la presente legislación tiene como propósito establecer una política pública dirigida a fomentar la mentoría empresarial entre mujeres en Puerto Rico. “A través de esta red se promoverá la colaboración entre empresarias con experiencia y mujeres interesadas en iniciar o expandir negocios en la isla, facilitando espacios de orientación empresarial, intercambio de conocimientos y desarrollo de capacidades empresariales”, establece el proyecto.
También recibió el aval senatorial el Proyecto del Senado 1149, del senador Héctor "Gaby" González López, que permite a los empleados públicos utilizar hasta 15 días anuales de su licencia por enfermedad acumulada para acompañar a hijos, familiares, dependientes o personas bajo su custodia durante tratamientos médicos prolongados. La licencia requerirá certificación profesional, podrá utilizarse de manera no consecutiva y no aumentará la cantidad de días acumulados por el empleado.
En un turno, González expresó que esta medida fue presentada a petición de muchos padres y madres de todo Puerto Rico cuyos hijos requieren tratamientos médicos prolongados, así como de hijos que cuidan a padres encamados o con impedimentos. “Actualmente, la Ley 8-2017 permite utilizar hasta cinco días de la licencia por enfermedad para atender estas situaciones. Con el Proyecto del Senado 1149 aumentamos ese término a 15 días mediante una licencia especial para que los empleados puedan acompañar y cuidar a sus familiares durante tratamientos prolongados”, sostuvo el senador.
Además, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 190. La medida enmienda la “Ley de Manos Pa’l Campo”. La legislación tiene como fin ampliar la aplicación de la ley para que cubra cualesquiera actividades o faenas agrícolas en Puerto Rico, y no se limite únicamente a la cosecha de café. Asimismo, busca reiterar y reforzar la política pública sobre la utilización de confinados para la realización de tareas agrícolas, como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción.
De igual forma, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 180, presentada por las senadoras de minoría Joanne Rodríguez Veve y Ada Álvarez Conde, que ordena al Departamento de la Familia, en coordinación con la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), revisar y armonizar en un máximo de 120 días la reglamentación aplicable a los establecimientos de cuidado infantil. Las agencias deberán uniformar criterios, eliminar trámites duplicados y presentar informes de cumplimiento a la Asamblea Legislativa.
Senado aprueba legislación cameral
En cuanto a las medidas provenientes de la Cámara de Representantes, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 754 que concede un derecho preferente de adquisición a usufructuarios y arrendatarios que hayan ocupado legalmente propiedades gubernamentales, cumplido sus contratos y realizado mejoras permanentes costeadas con sus propios recursos. La exposición de motivos señala que “en términos de disposición de propiedades, será muy efectivo el establecer un derecho preferente para los usufructuarios y arrendatarios que hayan realizado mejoras a su propio costo en la propiedad usufructuada o arrendada con preferencia a los dueños de los predios colindantes”.
De igual manera, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto de la Cámara 998 que reconoce como esenciales los servicios residenciales de cuidado sustituto para adultos mayores y personas adultas con diversidad funcional. Durante una declaración de emergencia, las agencias deberán dar prioridad a la certificación y tramitación de los pagos por servicios subvencionados, preservando la disponibilidad presupuestaria y los controles fiscales y administrativos aplicables.