(El Capitolio, PR) – La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el senador José A. “Josian” Santiago Rivera, y la Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ángel Toledo López, celebraron hoy una vista pública conjunta, con base en la Resolución del Senado 281, para evaluar los protocolos y planes de respuesta ante interrupciones del servicio eléctrico, así como la coordinación entre LUMA Energy y los municipios durante situaciones de emergencia.
Durante la vista, Sylvia Ugarte, en representación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), explicó que la función de ese organismo durante una emergencia es principalmente reguladora y fiscalizadora. Aunque LUMA prepara sus planes de respuesta, el Negociado evalúa su cumplimiento desde la perspectiva de la continuidad y restauración del servicio eléctrico y puede requerir medidas adicionales cuando identifica deficiencias.
Ugarte enfatizó que la aprobación de los planes no pone fin a la responsabilidad reguladora. “La aprobación de un plan representa una determinación sobre el documento evaluado; su ejecución exige seguimiento. Desde la perspectiva regulatoria, el plan debe traducirse en responsabilidades identificables, recursos disponibles y procedimientos que puedan aplicarse durante una emergencia”, sostuvo.
Toledo cuestionó el alcance de las funciones del Negociado ante apagones y eventos de mayor magnitud, como huracanes o terremotos. Durante el intercambio se estableció que el organismo fiscaliza y regula la manera en que se atienden estas situaciones, pero no ejecuta directamente las labores de restauración.
Por su parte, Santiago indagó sobre las métricas utilizadas para evaluar el desempeño de las entidades responsables del sistema eléctrico, incluyendo la duración de las interrupciones y los tiempos de respuesta y recuperación. Ugarte explicó que se reportan indicadores de desempeño trimestralmente y que también se prepara un informe anual. El senador preguntó además si el organismo ha requerido medidas correctivas cuando identifica deficiencias y cómo da seguimiento a su cumplimiento.
El senador sostuvo además que el Negociado tiene una responsabilidad importante en mejorar la coordinación entre las distintas entidades del sistema eléctrico. “Al final del día, el ciudadano queda ahí pillado. Y entonces el alcalde, como primer respondedor, y los gobiernos locales necesitan que se atiendan elementos como la comunicación y qué medidas a nivel preventivo se pueden tomar para que, en un momento de emergencia, podamos tener una mejor respuesta”, manifestó.
A su vez, el senador Wilmer Reyes Berríos, autor de la pieza legislativa, concentró sus preguntas en la coordinación preventiva antes de que ocurra un evento atmosférico. Señaló que los alcaldes no buscan intervenir en las operaciones de LUMA, sino conocer con anticipación los planes para poder colaborar, particularmente en caminos municipales que podrían requerir limpieza para facilitar el acceso de las brigadas. “Ellos quieren saber con antelación, si pasara un evento natural, dónde es que comenzamos a trabajar”, expresó.
El legislador insistió además en que la comunicación durante una emergencia debe fluir de forma transversal entre las agencias y los municipios. “La comunicación tiene que ser transversal hacia todos los lados, porque ellos necesitan saber”, añadió Reyes.
Por otro lado, Glendalis Rodríguez, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), destacó la necesidad de evaluar no solo la existencia de protocolos, sino su efectividad en situaciones reales y la coordinación entre LUMA, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el Centro de Operaciones de Emergencia y los municipios. “La existencia de protocolos de respuesta no resulta suficiente; la investigación debe exigir evidencia operacional que demuestre cómo dichos protocolos se aplican en la práctica mediante incidentes documentados”, sostuvo la deponente.
Toledo cuestionó sobre la efectividad real de esos enlaces. En respuesta, el subcomisionado del NMEAD, Francisco Bruno Orellano, reconoció que, aunque existen protocolos escritos, persisten dificultades en su ejecución. “A pesar de que sí existen, existen protocolos escritos, cumpliendo con todo lo necesario, una realidad es que no se están haciendo efectivos”, expresó, al señalar deficiencias relacionadas con la comunicación y la estructura de coordinación.
Bruno explicó además que una interrupción prolongada puede escalar rápidamente a una emergencia cuando afecta infraestructura crítica. “Varias horas sin el servicio de energía eléctrica me afecta las plantas de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eso ya es manejo de emergencia… Pero en ocasiones estamos igual que el ciudadano, no tenemos la información correcta, necesaria y a tiempo”, sostuvo.
A la vista compareció, Jaime García, asesor legislativo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, quien planteó que los municipios continúan enfrentando dificultades para recibir información oportuna sobre la magnitud de las interrupciones, los planes de restablecimiento y los recursos disponibles durante emergencias. García recomendó que LUMA reporte las métricas SAIDI y SAIFI desglosadas por municipio y región operacional.
Asimismo, Ricardo Rolón, en representación de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, expresó el respaldo de la organización a la investigación legislativa y sostuvo que los municipios constituyen la primera línea de contacto con los ciudadanos cuando ocurren interrupciones del servicio eléctrico. La Federación planteó que “las experiencias de los alcaldes reflejan deficiencias particularmente por retrasos en la llegada de brigadas y falta de información sobre interrupciones, zonas prioritarias, recursos disponibles y estimados de restablecimiento”, dijo el deponente.
Durante el intercambio, Santiago Rivera preguntó a Rolón si favorece establecer de manera obligatoria coordinadores o enlaces que mantengan comunicación directa con los municipios. Rolón respondió que respalda mecanismos dirigidos a garantizar esa comunicación y que, de ser necesario enmendar la Ley 57 para establecerlos, la Federación no tendría reparos en su consideración.
Además, comparecieron a la audiencia el licenciado Edgar Vega y Rebecca Maldonado, en representación de LUMA Energy. Maldonado sostuvo que mantiene mecanismos de coordinación con NMEAD y los municipios mediante coordinadores interagenciales, representantes de cuentas clave y participación en los Centros de Operaciones de Emergencia. También indicó que la función de líder de coordinación municipal no fue eliminada de su Plan de Respuesta ante Emergencias, sino reorganizada e integrada a otras posiciones.
En reacción a los planteamientos de la Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes y NMEAD, Toledo preguntó a Maldonado cómo responde LUMA a los señalamientos de que todavía existen dificultades de comunicación y personal regional sin capacidad decisional. Maldonado sostuvo que deben distinguirse las interrupciones ordinarias del servicio de las emergencias provocadas por eventos naturales. Explicó que, tras un evento atmosférico, las primeras horas se utilizan para evaluar daños antes de establecer estimados de restauración. “Las primeras horas son para evaluar los daños y por eso es que a veces la información no fluye tan rápidamente… Para entonces determinar cuánto puede ser el estimado de tiempo de respuesta”, expresó.
Santiago cuestionó posteriormente el alcance real de las funciones de los coordinadores asignados a los municipios y si estos cuentan con autoridad para tomar decisiones durante una emergencia. Maldonado explicó que estos enlaces reciben información de los municipios, la canalizan dentro de la estructura de la empresa y transmiten datos sobre clientes sin servicio y estimados de restauración, pero reconoció que “su trabajo no es tomar decisiones”. Maldonado sostuvo que LUMA sí cuenta, tanto a nivel central como regional, con personal con facultad para tomar decisiones coordinadas relacionadas con el restablecimiento del sistema. Añadió que la empresa trabaja en acuerdos con los municipios.
Reyes insistió en que la coordinación con los municipios debe ocurrir de manera preventiva y no limitarse a la respuesta posterior a una emergencia. Al preguntar sobre los acuerdos que LUMA comenzó a desarrollar con los gobiernos municipales, Maldonado informó que la empresa orientó a los 78 municipios durante agosto y que ya existe al menos un acuerdo en borrador con el municipio de Caguas, mientras otro se encuentra en proceso. Añadió que el documento de Caguas podría servir de modelo para que otros municipios identifiquen previamente qué recursos y labores están en capacidad de aportar durante una emergencia.
