(El Capitolio, PR) – La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, presidida por la senadora Marissita Jiménez Santoni, celebró una vista pública para evaluar cuatro proyectos legislativos relacionados con la protección de la vida marina, la conservación de los recursos naturales y el establecimiento de nuevas alternativas para la disposición final de restos humanos. 

Entre las medidas examinadas figura el Proyecto del Senado 1438, de la autoría de Jiménez Santoni, que propone prohibir la alimentación y atracción intencional de tiburones, delfines y otras especies marinas silvestres para provocar encuentros turísticos, recreativos o comerciales. La legislación busca enmendar la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico para incluir a los peces dentro de la definición de fauna silvestre y fortalecer los mecanismos de protección, sin penalizar los encuentros espontáneos ni las actividades científicas o de conservación debidamente autorizadas.

Al explicar el propósito de la medida, Jiménez Santoni destacó la necesidad de evitar prácticas que alteren el comportamiento natural de estos animales y distinguió entre los encuentros fortuitos en el mar y las actividades comerciales que utilizan alimentos para atraerlos. La legisladora hizo referencia al caso de un delfín en Fajardo y sostuvo que las operaciones turísticas deben desarrollarse con respeto a las especies.

“No puede ser una explotación, tiene que ser que te encuentres con él pues porque estaba ahí, estaba en el mar, estaba buceando y apareció el delfín, el tiburón, la mantarraya, el animal que sea”, expresó Jiménez Santoni. Asimismo, indicó que evaluará las recomendaciones recibidas para fortalecer la fiscalización sin afectar las actividades recreativas responsables.

Sobre la propuesta, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), representado por Magaly Massanet, avaló el propósito de la medida, aunque recomendó modificaciones para establecer restricciones específicas en lugar de una prohibición general de las actividades de natación con estas especies. La agencia advirtió que la alimentación artificial puede alterar los patrones naturales de los animales y aumentar los riesgos para las personas. No obstante, señaló que su implementación requeriría fondos recurrentes para vigilancia marítima, campañas educativas y desarrollo de reglamentación.

Por su parte, la senadora de minoría María de Lourdes Santiago Negrón, cuestionó el alcance de las regulaciones federales existentes y su aplicación en Puerto Rico. En respuesta, la licenciada Brendaliz González, representante del DRNA, explicó que otras jurisdicciones estadounidenses, como Hawaii, han establecido restricciones geográficas y penalidades para determinadas prácticas de interacción con especies marinas. Indicó que la agencia favorece una reglamentación rigurosa que permita proteger a los animales sin prohibir absolutamente las actividades de observación o natación.

Alternativas sostenibles para la disposición final de restos humanos

La Comisión también evaluó el Proyecto del Senado 1325, de la autoría de la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú, que propone crear la Ley para la Operación de Instalaciones de Disposición Final Sostenible. La medida establecería requisitos para autorizar, operar e inspeccionar instalaciones que utilicen hidrólisis alcalina y reducción orgánica natural como alternativas para la disposición final de restos humanos, con controles sanitarios, ambientales y de custodia.

El DRNA, representado por González, respaldó la intención de la legislación, pero aclaró que la regulación sanitaria y la supervisión de las instalaciones funerarias corresponden principalmente al Departamento de Salud. La agencia expresó su disposición a colaborar en la elaboración de normas ambientales relacionadas con el manejo de los materiales resultantes.

Por su parte, el Departamento de Salud, representado por Mayra Toro Tirado, directora de la División de Salud Ambiental, no favoreció el proyecto en su redacción actual y recomendó establecer controles adicionales, definir responsabilidades regulatorias y asignar los recursos necesarios para su implementación.

A preguntas de la presidenta de la Comisión, Toro Tirado explicó que la introducción de estos procedimientos requeriría capacitación especializada y una inversión inicial estimada de $613,600, que contempla recursos para 14 inspectores, adiestramientos y gastos operacionales. “Esto es un proceso novel en Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que localmente no hay entidades educativas que tengan la capacidad, las herramientas o las competencias. Eso es un reto que tendríamos”, sostuvo la funcionaria. 

Toro Tirado también reconoció que, hasta el momento, el Departamento de Salud no ha recibido solicitudes ni acercamientos de empresas interesadas en establecer instalaciones para ofrecer estos servicios, por lo que no dispone de una proyección concreta de demanda.

Mientras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), representada por la doctora Marichu Valentín, no presentó objeciones a que se autoricen estas alternativas, pero reclamó controles claros sobre las descargas de aguas residuales generadas mediante la hidrólisis alcalina. La agencia recomendó establecer requisitos de pretratamiento y permisos para evitar efectos adversos sobre su infraestructura y los procesos de tratamiento.

Valentín advirtió que las descargas con niveles inadecuados de acidez, alcalinidad o temperatura podrían afectar las plantas de tratamiento y ocasionar incumplimientos con los permisos ambientales establecidos por la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA).

Propuesta para establecer la Reserva Natural Mabodamaca

En otro asunto, la Comisión examinó el Proyecto del Senado 1217, de la autoría de Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa, que propone designar como Reserva Natural Mabodamaca un área costera de aproximadamente 204.5 cuerdas entre las playas Las Golondrinas y Shore Island, en el barrio Bajuras de Isabela, además de los ecosistemas marinos que se extienden hasta nueve millas náuticas desde la costa.

Sobre esta medida, el DRNA, representado por Massanet, reconoció el valor ecológico del área, pero no favoreció el proyecto según redactado debido a la falta de recursos económicos, técnicos y humanos para establecer y administrar la reserva. La agencia estimó que su implementación requeriría aproximadamente $2,115,000 durante cinco años, incluyendo estudios de titularidad, trabajos de agrimensura, delimitación de terrenos, posibles adquisiciones y proyectos de restauración.

Jiménez Santoni cuestionó si existen estudios científicos, inventarios ecológicos o evaluaciones ambientales que permitan determinar si los terrenos propuestos reúnen los criterios para su designación como reserva natural. En respuesta, Marisel Martínez, secretaria auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA, reconoció que la agencia no cuenta con estudios específicos del área. “Para ese lugar en específico no tenemos estudio, pero sí tenemos proyectos con la Universidad de Puerto Rico en el área norte para restauración de dunas”, explicó Martínez.

Por su parte, Santiago Negrón cuestionó la falta de personal especializado para los trabajos de agrimensura, mensura y deslinde que requeriría la designación. González confirmó que el DRNA no cuenta actualmente con agrimensor y que las convocatorias realizadas para ocupar esos puestos no han tenido éxito. “La realidad es que la remuneración de esa plaza, de ese puesto, no es tan atractiva y las convocatorias han sido desiertas”, sostuvo González.
Asimismo, la Junta de Planificación (JP), representada por Pablo Collazo Cortés, director del Programa de Planificación Física, no favoreció la aprobación del proyecto en esta etapa, debido a la falta de información técnica y cartográfica, las posibles implicaciones sobre terrenos privados y la ausencia de una fuente de financiamiento.

Protección de las praderas de hierbas marinas

Finalmente, la Comisión consideró el Proyecto del Senado 1236, también de la autoría de Santiago Negrón y González Costa, que propone crear la Ley para la Protección, Conservación y Restauración de las Praderas de Hierbas Marinas de Puerto Rico. La legislación busca proteger estos ecosistemas submarinos, fundamentales para la biodiversidad marina, la pesca y la reducción de la erosión costera, mediante iniciativas de investigación, restauración, monitoreo y un mapa oficial de su distribución.

Al presentar la ponencia del DRNA, Massanet indicó que la agencia avala el propósito ambiental de la legislación, pero no recomienda aprobarla en su redacción actual por la falta de recursos fiscales, equipo técnico y personal especializado. El Departamento estimó que cumplir con las responsabilidades propuestas requeriría aproximadamente $2.47 millones durante cinco años, incluidos $600,000 en el primer año.

Massanet explicó que, aunque existen estudios y datos recopilados mediante colaboraciones con entidades científicas, el DRNA no cuenta con un mapa interactivo consolidado y estandarizado de las praderas de hierbas marinas para todo Puerto Rico.

Por su parte, Santiago Negrón planteó que el DRNA podría asumir una función de coordinación de las investigaciones realizadas por universidades y organizaciones ambientales, con el propósito de integrar la información existente y avanzar en la elaboración del mapa oficial.

González explicó que la agencia ya desarrolla esfuerzos de conservación relacionados con estos ecosistemas, incluidos trabajos para la elaboración de un plan de manejo de humedales, y mantiene acuerdos de colaboración con entidades externas. Sin embargo, indicó que estas iniciativas también requieren recursos para financiar estudios y servicios profesionales especializados.