El Capitolio – En aras de garantizar los derechos humanos a la comunidad inmigrante del país, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Labores que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén llevó a cabo una vista pública en la que atendió una pieza legislativa que busca establecer la Carta de Derechos del Inmigrante.

“Es una carta que hace falta… cada vez que se hacen estas cartas la idea es una educativa, no solamente para afirmar y reafirmar derechos. Si no, más que nada exponer cuáles son los derechos que se han recogido en diferentes normativas y piezas en Puerto Rico, que van desde la Constitución hasta las piezas legislativas e inclusive decisiones de los tribunales.  Una vez se hacen las cartas se expone de una manera afirmativa que la política pública del país sobre ese tema es esta… por eso son bien importantes, el asunto de las cartas y tienen también el efecto de que usted puede andar con una carta y puede exigir el cumplimiento de sus derechos”, expresó la senadora por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Rivera Lassén.

Esta audiencia responde al Proyecto del Senado 1147 que busca además “promover los derechos y la dignidad de todos los inmigrantes que viven en Puerto Rico” según se expone en la pieza legislativa. Para atender esta legislación la comisión citó a deponer al Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, a la Comisión de Derechos Civiles y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

El gerente senior de proyectos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Alberto L. Velázquez Estrada, reconoció como pertinente “establecer la Carta de Derechos del Inmigrante en Puerto Rico… [ya que] esta a su vez apoyaría el poder brindar los servicios básico-necesarios para cualquier individuo residente en la jurisdicción”. Velázquez Estrada presentó varios datos sobre la población inmigrante en Puerto Rico que sustentan el que se constituya una carta de derechos dirigida a esta población.

Entre los datos que ofreció el Instituto de Estadísticas está que la población de inmigrantes de orígenes hispanos suma alrededor de 96 mil personas en el país donde el 59% es dominicana, el 13% es cubana, el 9% es mexicana, el 4% es colombiana, y el 3% es española, “siendo las cinco poblaciones de origen hispano no puertorriqueño que predominan en la jurisdicción de Puerto Rico”.

Otro dato fue que el “porcentaje de dominicanos y dominicanas que se encontraban fuera de la fuerza laboral fue mucho menor en los hombres (26%) que en las mujeres (44%) … entre las ocupaciones más comunes estuvieron limpiadores domésticos (9.2%), labores de construcción (6.0%), conserjes o limpiadores de edificios (4.4%), cocineros/as (4.0%) y asistentes de cuidado personal (3.6%)”.

Por su parte, José Rodríguez Pérez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, a preguntas de la senadora Rivera Lassén sobre cuáles son las violaciones más comunes a la población inmigrante, expresó que “en el aspecto médico están dejando morir a inmigrantes, en Centro Médico, sobre todo. Porque se niegan a operarlos por no tener dinero. En educación también [se ven violentados los derechos]; el Departamento de la Familia también; cuando le retira un niño a una persona inmigrante, casi nunca recobra la custodia de nuevo; Vivienda, no tiene fondos ni los contempla tampoco… al contrario de otros estados santuarios como Nueva York, que hasta en la pandemia le asignaron unos fondos para los obreros, pero aquí nunca se han solicitados fondos… le digo más el censo, después de que son censados, los cuentan, pero después no cuentan”.

En iguales términos, el licenciado Ever Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles defendió la idea de una Carta de Derechos del Inmigrante ya que “lo que hace esta carta de derechos, no es crear nuevos derechos, lo que hace es visibilizar los derechos que tienen la comunidad, pero sirve como una herramienta para educar, para promover y que todo el mundo tenga conciencia de que las personas migrantes también están cobijadas en la Constitución… que el que tengamos un origen nacional diferente no excluye el ejercicio pleno de los derechos que podamos tener como todas las personas. La realidad es que vivimos en una sociedad que ha evolucionado bastante rápido, pero todavía, [se ven] a las personas migrantes como sujetos que no tienen los mismos derechos”.

Durante su turno, el senador novoprogresista William Villafañe, y quien es uno de los autores de la medida, luego de oír a los deponentes dijo que “podemos concluir que este tipo de medida, más allá de tener un sentido de justicia, de humanidad puede tener un efecto económico positivo”. A lo que Velázquez Estrada asintió como correcto.

De otra parte, la senadora novoprogresista Migdalia Padilla Alvelo levantó una preocupación sobre la medida y dijo que “para que se pueda garantizar esta carta de derecho hay que mirar reglamentos existentes [en las agencias]” y recomendó se le añadan garras a la legislación para que no termine en “letra muerta y se garantice los derechos a esta población”. La Comisión acogió la recomendación.