Senado de Puerto Rico

22 de Julio de 2025

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Comisión senatorial continúa evaluando enmiendas al Código de Rentas Internas

El Capitolio — La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, realizó una vista pública en la mañana de hoy, para examinar dos medidas que buscan enmendar el Código de Rentas Internas, entre las que se proponen eximir de contribuciones los medicamentos sin receta a personas de 65 años o más, establecer la edad mínima de 18 años para cualificar a Crédito por Trabajo en la Planilla de Contribución sobre Ingresos.

A su vez, la comisión senatorial pasó revista sobre una Resolución Conjunta que tiene como fin identificar partidas para atender necesidades económicas y sociales en la isla. La misma, busca asignar $250 millones para financiar un alivio contributivo a ciertos individuos durante el año contributivo 2024.

“Hay un comité de reforma contributiva, nombrado por la señora gobernadora, Jenniffer González Colón. Esto no quiere decir que nosotros vamos a estar por encima de lo que se esté discutiendo en dicho comité. No obstante, siempre haciendo la salvedad, que se puedan evaluar los proyectos y de existir la posibilidad que sean también considerados o evaluados por ese comité”, expresó la senadora Padilla Alvelo.

En primera instancia, el Proyecto del Senado 252, de la autoría del senador Rafael Santos Ortiz y a la que se unieron los senadores Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Daniel Colón La Santa, Wilmer Reyes Berríos, Jeison Rosa Ramos y Padilla Alvelo, propone enmendar el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el objetivo de eximir del pago del impuesto sobre ventas y uso (IVU) a los medicamentos sin receta adquiridos por personas de 65 años o más en establecimientos autorizados.

Según la medida, estos productos, como analgésicos, descongestionantes y antialérgicos, son esenciales para el autocuidado, especialmente cuando el acceso a servicios médicos es limitado. Además de aliviar la carga económica a los adultos mayores, quienes usualmente viven con ingresos fijos, se busca promover la salud preventiva y el acceso equitativo a tratamientos básicos.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) en su informe publicado relacionado al proyecto en referencia indicó que el impacto estatal adverso estimado sería de $174.4 millones para el año 2026. De igual forma, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en memorial explicativo sometido ante la comisión, se posicionó en contra de la medida.

De igual forma, la asesora técnica del secretario del Departamento de Hacienda, Johanna Rohena Quiñones, hizo hincapié en este asunto y reconoció la labor del comité, conformado por la Gobernadora, que evalúa las tasas contributivas existentes para proponer soluciones con el fin de simplificar y crear un sistema contributivo más equitativo. “Consignamos que, para esta Administración, es prioridad atender los asuntos de salud de la población de adultos mayores de 65 años o más”, sentenció.

“Una de las medidas que fueron presentadas por esta Administración se está evaluando por la Asamblea Legislativa como el Proyecto de la Cámara 500 y el Proyecto del Senado 492, la cual propone añadir un inciso al Código Municipal de Puerto Rico con el fin de eximir del pago de contribución sobre propiedad mueble las medicinas recetadas”, comentó Rohena Quiñones añadiendo que estos proyectos serían mucho más factibles contrario al proyecto evaluado en la vista pública.

Ante esto, la senadora Padilla Alvelo auscultó la posibilidad de enmendar la medida con el fin de modificar las edades en el Código. “Sabemos el impacto fiscal que pueden conllevar estas medidas, una de las prioridades que tiene este gobierno es nuestra gente mayor. Pero, podríamos, me pregunto, que se viera la posibilidad de hablar entonces, de adultos mayores de 70 años o más. Porque, a la verdad, el caso es que muchos de ellos utilizan medicamentos over-the-counter”, indicó la senadora Padilla Alvelo. Sin embargo, estuvo de acuerdo en que, actualmente no existe la capacidad fiscal para cubrir las pérdidas generadas. “No le veo posibilidades a la medida”, sentenció.

“Yo creo que la medida es muy loable, hay alternativas que nosotros podemos mirar más allá de esto. El reto que tiene Puerto Rico es que la mayor población que nosotros tenemos ahora mismo residiendo aquí en la isla son adultos mayores. Por tanto, el impacto, en números, es bien grande. Pero hay varias alternativas. Si yo voy a considerar que este proyecto se convierta en ley para poder atender la salud de nuestro adulto mayor, cuando hablamos de fiscalización, no sería muy difícil… Quizás es muy abarcador el proyecto. Pero quizás pudiéramos crear ese tipo de incentivos para las aseguradoras que proveen este servicio domiciliario. Porque no todo el mundo está acogido bajo esas aseguradoras.”, manifestó la senadora Nitza Moran Trinidad.

Por otro lado, se evaluó el Proyecto del Senado 314, presentado por el senador José Luis Dalmau Santiago, enmienda la Sección 1052.01(h) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, con el fin de reducir de 19 a 18 años la edad mínima para que una persona pueda cualificar para el Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). Esta enmienda técnica busca corregir una inconsistencia que excluye a jóvenes de 18 años que no pueden ser reclamados como dependientes, pero tampoco pueden beneficiarse del crédito bajo las disposiciones vigentes. La medida amplía el acceso al EITC y apoya a los jóvenes que comienzan a integrarse al mercado laboral, fomentando así una mayor participación económica e inclusión social.

Así como con el P. del S. 252, Rohena Quiñones del Departamento de Hacienda, citó el informe de la OPAL donde se estimó que el efecto fiscal adverso, ante lo propuesto en la medida, sería de $3.7 millones. Del mismo modo, la asesora técnica fue enfática en que “no hay necesidad para aprobar la medida tal cual está redactada”.

Finalmente, se vio la Resolución Conjunta del Senado 2, del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que asigna al Departamento de Hacienda la suma de $250 millones, provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal, con el propósito de ofrecer un incentivo económico reintegrable a individuos para el año contributivo 2024. Esta iniciativa busca compensar a los contribuyentes por la reducción contributiva contemplada en el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1839, que fue objetado por la Junta de Supervisión Fiscal.

El incentivo se dirigirá a contribuyentes con ingresos netos sujetos a contribución de hasta $250,000, excluyendo aquellos que ya reciben el Crédito por Trabajo. No requerirá solicitud adicional, será excluido del pago de contribuciones y será distribuido automáticamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Al ser una propuesta, para el año contributivo 2024, Rohena Quiñones explicó que no podría aprobarse pues esta planilla “está corriendo” y ya el presupuesto está aprobado. Ante esto, la senadora Padilla Alvelo le respondió que, desde enero 2025 la medida estaba en consideración y el Departamento de Hacienda no respondió; por lo que, la senadora Moran Trinidad solicitó enmendar la misma y atemperarla.